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Nacionalismo financiero: el caso de Hungría. Por Dóra Piroska

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Nota del editor: El siguiente trabajo da cuenta de un fenómeno heterogéneo que algunos estudiosos de la economía política internacional han llamado “nacionalismo financiero”. El análisis, centrado en el gobierno de Viktor Orbán en Hungría, describe algunas de sus fortalezas (p. ej: reducir la financiarización del Estado y permitir un mayor margen de maniobra regulatorio y de ejecución de políticas estatales en un entorno globalizado) y vicios (p. ej: la corrupción en el proceso de estatitación o nacionalización de algunos activos bancarios y el clientelismo y tratamiento preferencial a empresarios y personas afines al gobierno). Asimismo, emite algunos juicios discutibles acerca del socavamiento de ciertas instituciones democráticas que en parte reflejan el sesgo liberal de quien efectúa el análisis y en parte expresan reparos válidos a prácticas en apariencia poco transparentes. Con todo, nos pareció que el artículo daba cuenta de una valiosa experiencia contemporánea de refutación de la ortodoxia económica neoliberal (sin descartar la posibilidad que pueda tomar la forma de un mero capitalismo de Estado) y de políticas concretas de inspiración nacionalista para ampliar el espacio de acción estatal y las naciones llamadas “periféricas” en la economía global.

1. Introducción

El nacionalismo financiero viene en alza. Países que van desde Estados Unidos, Rusia, China y Taiwán hasta Alemania y Hungría adoptan políticas financieras nacionalistas, aunque en diversos grados. Bajo la administración de Trump, Estados Unidos gradualmente se volvió cauteloso con la inversión financiera china en los mercados estadounidenses. Como consecuencia, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fortaleció el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos y lo utilizó para bloquear varios proyectos de inversión chinos. En mayo de 2020, el Senado de EE. UU. aprobó un proyecto de ley que permitiría que empresas chinas como Alibaba y Baidu sean excluidas de las bolsas de valores de EE. UU. En Europa, Margrethe Vestager, la principal reguladora de la competencia de la Unión Europea (UE), ha sugerido que los gobiernos miembros de la UE compren acciones en empresas nacionales para bloquear las adquisiciones chinas. Las medidas financieras nacionalistas, sin embargo, no solo apuntan a China. Alemania, por ejemplo, está coqueteando con el nacionalismo financiero para proteger a los grandes bancos de los inversores extranjeros. Asimismo, Japón ha tomado medidas recientemente para limitar la inversión extranjera en muchas de sus empresas que cotizan en la bolsa. Rusia, a raíz de sus ataques militares contra Ucrania, reaccionó a las sanciones occidentales con políticas financieras nacionalistas. En particular, las autoridades rusas reanudaron una narrativa de oposición al orden neoliberal dominado por el dólar estadounidense. Al mismo tiempo, el nacionalismo financiero de China está cambiando de una política orientada principalmente hacia el interior y a la defensiva a una política cada vez más orientada hacia el exterior, lo que refleja su cambio de posición en la economía política internacional (Petry 2020).

Sorprendentemente, los estudios académicos aún no se han puesto al día con la creciente atención de los medios sobre el nacionalismo financiero. Hasta hace poco, dos enfoques definían la investigación sobre el nacionalismo financiero: una perspectiva legal y una perspectiva de economía política internacional (EPI). Desde un punto de vista legal, Lupo-Pasini (2017) sostiene que la crisis financiera global (CFG) de 2008 fue el punto de inflexión para el cambio en la orientación de los reguladores financieros desde un enfoque transnacional hacia el mercado interno. Mientras que antes de la CFG, la tendencia era hacia la liberalización y la cooperación regulatoria, la CFG impulsó a los Estados de todo el mundo a afirmar un mayor control sobre los mercados financieros nacionales e internacionales, y a la UE a fortalecer la supervisión bancaria. Como resultado, se detuvo un desarrollo clave en el sistema financiero posterior a Bretton Woods, a saber, la cooperación regulatoria a través de la adopción de estándares prudenciales comunes para las instituciones financieras (Lupo-Pasini 2017). En cambio, el nacionalismo financiero se manifestó en el fortalecimiento del unilateralismo regulatorio, la protección de los bancos nacionales y el control del país anfitrión, el proteccionismo digital como las políticas proteccionistas contra los gigantes fintech (1) y una fragmentación en los sistemas de pago internacionales. Finalmente, desde una perspectiva legal, el nacionalismo financiero es también la razón detrás de los ataques sistemáticos a la autonomía de los bancos centrales a nivel mundial.

Los académicos de la EPI están menos interesados ​​en la naturaleza legal del giro regulatorio y, en cambio, se enfocan en una amplia gama de opciones de políticas estatales que los gobiernos están adoptando a nivel mundial. Al estudiar la creciente afirmación de la autonomía estatal frente a las finanzas globales, los académicos de EPI se han sorprendido y esperanzado con respecto al auge del nacionalismo financiero (Ban y Bohle 2020; Johnson y Barnes 2015; Naqvi 2019). Su sorpresa se debe a lo inesperado del triunfo del nacionalismo financiero en muchas de esas áreas de la formación de políticas económicas en las que estudios anteriores han documentado el control férreo de los mercados financieros mundiales. El giro hacia las soluciones estatistas se ha explicado como derivado de un giro ideacional con consecuencias normativas que surgió después de la CGF (Baker 2013). Si bien antes de la CGF, los formuladores de políticas generalmente confiaban en la eficiencia de los mercados financieros para crear las mejores condiciones para el crecimiento económico y la estabilidad, después de la CGF, muchos Estados han buscado desarrollar una política financiera externa e interna más asertiva (Antoniades 2017). Un Estado activista se ve ahora como una opción viable para los mercados a la hora de dirigir el crédito a proyectos de desarrollo. De hecho, hemos sido testigos de un aumento del interés por los bancos públicos de desarrollo tanto en el Sur global (Griffith-Jones y Ocampo 2018; Mazzucato y Penna 2018) como en la UE (Mertens y Thiemann 2019). Por lo tanto, los académicos de EPI investigan las condiciones y los campos de políticas particulares dentro de los cuales los Estados, especialmente con economías pequeñas y abiertas, pueden establecer autonomía, aumentar el alcance de sus políticas y mitigar la amenaza de desinversión por parte de los grandes bancos (Naqui 2019).

Si bien se centra en los factores habilitantes que contribuyen al surgimiento de las políticas nacionalistas financieras, la mayoría de los enfoques de EPI no investigan las interacciones entre el proceso de reafirmación de la soberanía nacional y las estructuras políticas dentro de las cuales se desarrolla el nacionalismo financiero. Para los académicos que miran a China, el interés se limita a los bancos estatales y la interacción entre las empresas nacionales y extranjeras; el efecto de retroalimentación de estas interacciones en las relaciones entre el Estado y el partido rara vez se analiza (Chin y Gallagher 2019; Kring y Gallagher 2019). Con respecto a los países en desarrollo pequeños y abiertos, como Bolivia, el interés general de los analistas se mantuvo en las condiciones político-económicas bajo las cuales era posible la reafirmación de la toma de decisiones autónoma en las finanzas, mientras que su impacto en las instituciones políticas se deja sin explorar (Naqui 2019). En Europa del Este, Johnson y Barnes (2015) definieron y analizaron el nacionalismo financiero en Hungría, Bohle (2014) consignó el alcance de política ampliado en el financiamiento de la vivienda y Ban y Bohle (2020) describieron el efecto de diferentes modelos de crecimiento en la financiarización periférica de la economía. Sin embargo, no se ha explorado la interacción entre la formación de la política financiera y la calidad de la supervisión democrática.

Este ensayo busca llenar este vacío. Utilizo el ejemplo de Hungría para analizar las políticas financieras nacionalistas en relación con tres teorías de las finanzas internacionales y la financiarización con el fin de delinear el cambio en el alcance de las políticas mientras se explora la calidad de la supervisión democrática. Estas teorías son el “poder estructural de las finanzas” (Culpepper 2015; Strange 1996), la “financiarización del Estado” (Karwowski 2019; Mader, Mertens y van der Zwan 2019) y la “financiarización de la vida diaria” (Martin 2002 ; Pellandini-Simányi, Hammer y Vargha 2015; van der Zwan 2014). El análisis apunta específicamente a: (1) evaluar la mayor autonomía del Estado en las decisiones de propiedad de los bancos, (2) describir un cambio global en la conducción de la política monetaria y (3) resaltar la capacidad de las políticas financieras nacionalistas para contrarrestar la financiarización de la vida cotidiana por medio de reducir las vulnerabilidades cambiarias de los hogares. Sin embargo, esta revisión también evaluará el impacto del nacionalismo financiero en la calidad de la supervisión democrática de las políticas financieras y la integración desigual de la sociedad en el proyecto nacionalista financiero y sus beneficios económicos. Se argumenta aquí que el nacionalismo financiero, tal como se desarrolla en Hungría, daña gravemente las instituciones democráticas, proporciona recursos financieros solo a empresas bien conectadas e integra de manera desigual a la sociedad en los beneficios de las políticas nacionalistas financieras. El hecho de que los gobiernos financieramente nacionalistas puedan aprovechar su creciente control sobre las instituciones monetarias nacionales y los flujos para socavar la formulación de políticas democráticas es la lección húngara clave que los futuros estudios de EPI sobre nacionalismo financiero al que deberían prestar más atención. Por último, dado que el caso seleccionado de Hungría está muy integrado en las estructuras económicas y políticas de la UE, también analizo el papel de esta última en el proceso de los avances del nacionalismo financiero y el retroceso democrático que lo acompaña.

El documento está organizado de la siguiente manera. Primero, en la Sección 2, se presenta una definición global de nacionalismo financiero propuesta por Johnson y Barnes (2015). La sección 3 explora el nacionalismo financiero húngaro en relación con los hallazgos del enfoque del “poder estructural de las finanzas” de la EPI. La sección 4 analiza el banco central nacionalista financiero. Finalmente, los hallazgos de la literatura sobre la “financiarización de la vida cotidiana” se contrastan con los logros de las políticas financieras nacionalistas, que lograron cierto grado de desfinanciarización para las clases medias, pero aumentaron la financiarización informal de los pobres. En relación con los tres procesos, las respectivas secciones destacan ocasiones en las que se socavan las prácticas democráticas. La actitud complaciente de la UE también está documentada. La última sección concluye el trabajo.

2. ¿Qué es el nacionalismo financiero?

En este artículo, el nacionalismo financiero se define, siguiendo a Johnson y Barnes (2015), como “un subconjunto del nacionalismo económico que se centra en el uso de políticas monetarias y financieras como instrumentos para perseguir una agenda nacionalista” (Johnson y Barnes 2015: 537). Sin embargo, comprender la manifestación real del nacionalismo financiero depende de cómo se defina la agenda nacionalista. Johnson y Barnes siguen un camino muy cauteloso: por un lado, afirman que el nacionalismo financiero debe entenderse como la manifestación de una estrategia política que, sobre la base de una ‘ontología nacionalista’, define un conjunto de guiones de política financiera a lo largo de una división binaria políticamente marcada por un nosotros y un ellos. Esta conceptualización de lo financiero es útil porque permite que una gran variedad de políticas financieras caiga en la categoría de nacionalismo financiero siempre que estén basadas en y justificadas por una agenda nacionalista (Abdelal 2001; Helleiner 2002; Helleiner y Pickel 2004; Pickel 2003; Clift y Woll 2012). De hecho, como demuestra Helleiner (2002), el nacionalismo económico históricamente puede referirse no solo a guiones de políticas proteccionistas sino también liberales. Lindstrom (2015) proporciona evidencia contemporánea para el nacionalismo económico y el nacionalismo financiero que se utiliza como referencia a las políticas nacionalistas proteccionistas, como en el caso de Eslovenia en la década de 1990 (Lindstrom y Piroska 2007), y la versión más extrema de las políticas neoliberales como en el caso de Estonia durante la misma época (Kuokštis 2015).

Sin embargo, Johnson y Barnes también definen el nacionalismo financiero de una manera más sustancial, y proporcionan cinco actividades políticas interconectadas de los gobiernos nacionalistas financieros como las más típicas de su práctica. La primera de ellas es la defensa de la moneda nacional. Los nacionalistas financieros están interesados ​​en garantizar un uso exclusivo de su moneda nacional como medio de intercambio y depósito de valor dentro de las fronteras geográficas de la nación. La soberanía monetaria no se opone a la promoción de la moneda nacional en la práctica internacional. Por el contrario, la internacionalización de la moneda puede ser un símbolo del poder nacional y una herramienta de política exterior. En segundo lugar, los nacionalistas financieros buscan establecer y preservar la autonomía en la conducción de la política monetaria. Según Johnson y Barnes, los nacionalistas financieros generalmente buscarán una “flotación sucia” (intervencionista) (2) en lugar de un tipo de cambio fijo o fijo. En tercer lugar, la autonomía del banco central se considera disfuncional. Para una política monetaria autónoma nacionalista financiera, significa que el banco central debe ser un aliado del gobierno y estar bajo el control de políticos nacionalistas. Por lo tanto, un gobierno nacionalista financiero busca socavar la autonomía del banco central, señalando que es un caso atípico en el aparato estatal, controlado por tecnócratas que están más vinculados con las redes internacionales que con el organismo político nacional (Johnson 2016). En cuarto lugar, los nacionalistas financieros también son nacionalistas bancarios y, por lo tanto, prefieren el control nacional del sector bancario, y el control nacional significa propiedad en lugar de ubicación física de los bancos (Epstein 2014a). El nacionalismo bancario puede incluir el trato preferencial a los bancos nacionales, bancos de desarrollo nacionales y un enfoque regulador y supervisor hostil hacia los bancos extranjeros. En quinto lugar, los nacionalistas financieros tienden a ser escépticos respecto de las instituciones internacionales, específicamente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y cualquier otra organización internacional que perciban como una amenaza para su autonomía política.

Se ha demostrado que el nacionalismo financiero impulsa las decisiones de política económica de países como Hungría (Johnson y Barnes 2015; Piroska et al., 2020), Polonia (Mérő y Piroska 2016), Bolivia (Naqvi 2019), Rusia (Johnson y Barnes 2018) y también China, con prioridades algo alteradas (Helleiner y Wang 2019). La conducta de la política macroprudencial (3) del Banco Central de Turquía también puede clasificarse como nacionalista financiera (Yağcı 2018). Para los investigadores de EPI, el rompecabezas intelectual central es explicar el ascenso al poder de los gobiernos nacionalistas financieros y su capacidad sostenida para perseguir el nacionalismo financiero en una era en la que la interconexión de los mercados financieros globales supera cualquier nivel histórico. Para ampliar esta perspectiva sobre el nacionalismo financiero, paso a analizar sus muchos y sorprendentes logros en Hungría, al tiempo que destaco su impacto en la calidad de la democracia en un Estado miembro de la UE.

3. La capacidad del nacionalismo financiero para aumentar la autonomía estatal en relación con el poder estructural de las finanzas

La característica clave del nacionalismo financiero que sorprende a los investigadores de la economía política global es su capacidad para aumentar la autonomía del Estado en relación con el poder estructural abrumador de las finanzas. El poder estructural de las finanzas para socavar la soberanía estatal se ha observado en la EPI desde la ola de desregulación de la década de 1970 (Cerny 1994; Germain 1997; Strange 1983). La apertura de los mercados financieros y el aumento de la movilidad del capital llevaron a un nivel sin precedentes de volatilidad y volumen de transacciones financieras diarias que hoy sobrepasa los ingresos internos anuales de muchos países en desarrollo (Cerny 1998). A medida que los Estados se veían limitados en sus opciones de formulación de políticas nacionales, el sector financiero aumentó y facilitó la opción de salida del capital, lo que obligó aún más a los Estados a establecer combinaciones de políticas (impuestos bajos, mercado laboral liberal, sector financiero abierto) que complacieran a los propietarios del capital. En la década de 1990, los investigadores observaron que cuando los Estados no seguían la lógica del liberalismo de mercado, actores financieramente poderosos eran capaces de ejercer poder sobre ellos utilizando el apalancamiento de la deuda internacional (Stallings 1992). Hoy en día, los niveles de deuda pública y privada, la acumulación de deuda, las crecientes desigualdades de ingresos y riqueza, etc., explican conjuntamente el poder de las finanzas sobre los gobiernos para los académicos de EPI que trabajan en el nuevo y complejo campo de la financiarización (4) (Antoniades y Griffith-Jones 2018).

Para muchos analistas del poder estructural de las finanzas, la crisis financiera global de 2008 hizo poco para debilitar estas fuerzas (Bell y Hindmoor 2015; Culpepper 2015; Culpepper y Reinke 2014; Woll 2014). Al evaluar las condiciones institucionales y la medida en que las finanzas han podido ejercer poder sobre los reguladores para dar forma al contenido de las reformas regulatorias posteriores a la crisis, los investigadores concluyen que aún son las finanzas las que tienen la ventaja. Bell y Hindmoor (2017), por ejemplo, encuentran que los reguladores fueron influenciados por los bancos internacionales al definir las nuevas reglas macroprudenciales de capital y, en consecuencia, los requisitos de capital se establecieron en niveles más bajos de lo planeado originalmente. Woll (2014), que analiza los rescates bancarios después de la crisis financiera mundial, encuentra variaciones en la medida en que los paquetes de rescate fueron moldeados según el lobby bancario. Su hallazgo más interesante es que los bancos podían ejercer la mayor influencia cuando no actuaban colectivamente, sino que obligaban a los gobiernos a tratar con ellos de forma individual (Woll, 2014).

La variación en las respuestas de los Estados individuales también se ha presentado como un argumento en contra del poder general de las estructuras financieras (Cohen 1996). Ya en las décadas de 1990 y 2000, los investigadores de EPI señalaron que la liberalización de los mercados financieros fue impulsada por la política interna, y las instituciones políticas nacionales desempeñaron un papel clave en la explicación de los resultados, que a menudo contradecían las expectativas de los estudiosos de una globalización fuerte. Al explorar las experiencias de países individuales desde el mundo desarrollado (Kurzer 1993; Loriaux 1996; Pérez 1997) hasta los países en desarrollo de Asia oriental y América Latina (Haggard, Lee y Maxfield 1993) pasando por los países postsocialistas (Johnson 2000), los investigadores confirmaron un tendencia general hacia la liberalización. Sin embargo, estos autores también documentan algunas diferencias clave, desigualdades y resistencias que, en conjunto, cuestionaron algunas de las observaciones centrales y las consecuencias de las políticas planteadas por los académicos que solo observaron los cambios globales.

Si bien registra la contención profunda, cultural e históricamente definida del poder de las finanzas, ninguno de estos académicos ha observado las características del nacionalismo financiero como se describe aquí. La diferencia clave, al parecer, radica en la intención de los actores políticos. Si bien los actores políticos nacionales hasta la crisis financiera de 2008 han resistido, pospuesto y cuestionado la tendencia liberalizadora de las finanzas, no han formulado contrainiciativas activas e ideológicamente motivadas que hayan tenido como objetivo restablecer la autonomía estatal.

La motivación para contrarrestar el curso de las reformas liberales del mercado en las finanzas parece estar vinculada a las experiencias globales de la crisis financiera. Para un nacionalista financiero, la crisis financiera global de 2008 ha sido una prueba clave de la inviabilidad del orden económico liberal (Hesse 2021). En Europa, la crisis financiera expuso la dependencia estructural de los países periféricos y el limitado margen de maniobra de los gobiernos para contrarrestar el efecto de la crisis en sus economías. Sin embargo, las respuestas en la periferia a la CFG dependieron de la interpretación de las causas de esta, y el nacionalismo financiero solo surgió en países donde las experiencias históricas y culturales específicas de cada país favorecieron tal interpretación (Piroska et al. 2020).

Una vez en el poder, los nacionalistas financieros se propusieron contrarrestar el poder estructural de las finanzas mediante el ejercicio del nacionalismo bancario y cambiaron la estructura de propiedad del sector bancario (Epstein 2017; Mérő y Piroska 2016). La CFG no solo creó una motivación política para que los gobiernos nacionalistas protegieran la estabilidad de sus mercados financieros internos mediante el aumento de la propiedad nacional, sino que también brindó la oportunidad de hacerse cargo de las subsidiarias de bancos extranjeros que se vieron gravemente afectadas. Una característica nueva clave del nacionalismo bancario es que no se contenta con inclinar el campo de juego regulatorio interno a favor de los bancos de propiedad nacional (Gilpin y Gilpin 2001), sino que facilita de manera más explícita la adquisición de bancos de propiedad extranjera por parte de agentes nacionales. Más precisamente, facilitar la toma de control de los bancos extranjeros por parte de los agentes nacionales va de la mano con el rediseño nacionalista de las regulaciones y la supervisión bancaria. Sin embargo, esta última actividad se ve limitada por el grado de integración de un país en estructuras de gobernanza internacional como la UE.

En términos de regulación bancaria, los gobiernos nacionalistas financieros de Polonia, Hungría y, en cierta medida, Rumania están limitados por su pertenencia a la UE. Para mantener el poder de decisión en la regulación, ambos gobiernos nacionalistas financieros optaron por permanecer fuera de la Unión Bancaria en 2014, el paso más reciente de la UE hacia la integración diferenciada (Mérő y Piroska 2016). Su estatus fuera de la unión bancaria (5) y la Eurozona permitió a estos países conservar su autoridad sobre los bancos, es decir, el derecho a autorizar el establecimiento de nuevos bancos o aprobar la adquisición de bancos.

Manteniendo la autonomía regulatoria, varios gobiernos de Europa del Este apoyaron la adquisición de propietarios extranjeros por parte de propietarios nacionales. En Polonia, por primera vez desde 1999, la participación de los inversores nacionales en los activos del sector en 2017 fue superior a la participación de los propietarios extranjeros. Para fines de 2018, alcanzó el 54,1 %. En Hungría, los inversores nacionales controlaban 13 bancos comerciales (ocho bancos estaban controlados por el Estado y cinco por capital privado) y todos los bancos cooperativos. El año 2019 fue el de la consolidación definitiva del sector cooperativo, incluidos los bancos comerciales relacionados. A fines de abril se fusionaron tres bancos y una cooperativa, mientras que a fines de octubre esta nueva entidad se fusionó con otro banco comercial y 11 cooperativas de ahorro. A fines de 2018, el 49,9% de las acciones del sector bancario estaba en manos de entidades nacionales y casi dos tercios de las mismas en manos del Estado. Se trata de un cambio notable, ya que la propiedad nacional en 2014 se situó en un mero 24,2%. Incluso en Rumania podemos observar una tendencia a la baja en la propiedad extranjera. Aunque en 2018 alrededor del 75% de los activos del sector bancario rumano estaban en manos de instituciones con capital extranjero, esto representa una caída en comparación con el 91,3% registrado a fines de 2016. Es fundamental reconocer que estos cambios están impulsados ​​por consideraciones políticas y no sucedieron como resultado de decisiones de propietarios de bancos extranjeros. En la región de Europa del Este donde los gobiernos no están controlados por nacionalistas financieros, como Eslovaquia o Chequia, no vemos tales cambios y la propiedad extranjera dominante de más del 90% de los activos bancarios totales se mantuvo estable. En Eslovenia, donde la propiedad extranjera de los bancos era la más baja de la región antes de la crisis (Lindstrom y Piroska 2007), la propiedad extranjera aumentó en 2018 (Piroska y Podvršič 2020).

Asimismo, los bancos de propiedad extranjera en Europa del Este siguieron un enfoque de mercado “de segunda residencia”, en el que las subsidiarias bancarias se establecen con una visión a largo plazo, y los bancos matrices han mantenido una base de capital incluso cuando la crisis ha golpeado el mercado nacional de la matriz (Epstein 2014b).  Los bancos alemanes, austriacos e italianos no iniciarían cambios drásticos en sus acciones de propiedad; de hecho, mostraron una notable persistencia incluso cuando, por ejemplo, el gobierno nacionalista húngaro utilizó su poder para imponer un impuesto especial exclusivamente sobre sus actividades (Király 2016). En resumen, los cambios de propiedad descritos anteriormente son claramente el resultado de los líderes nacionalistas financieros que proclaman que la estabilidad financiera y el desarrollo económico solo pueden lograrse si los bancos tienen el control nacional mayoritario.

Sin embargo, una mirada más cercana a los cambios estructurales en la propiedad de los bancos revela un patrón notable de relajamiento de la supervisión democrática a lo largo del proceso. Ilustraremos esta tendencia con el ejemplo de cómo los propietarios domésticos húngaros adquirieron sus posiciones. El debilitamiento de la supervisión democrática es evidente en la negligencia del banco central para respetar la transparencia y la rendición de cuentas, la clara manipulación de los precios de compra de los bancos y la selección de propietarios bien conectados. Los nuevos propietarios con estrechos vínculos con el primer ministro Orbán utilizaron los bancos adquiridos para otorgar crédito preferencial a los actores empresariales de los círculos de Orbán, fortaleciendo así la base económica del régimen cada vez más antidemocrático de Orbán. Una breve descripción de la mayor adquisición nacional de bancos debería ser ilustrativa a este respecto.

En 2012, en un discurso pronunciado en la Cámara de Comercio e Industria de Hungría, Viktor Orbán declaró el objetivo de su gobierno de cambiar radicalmente la estructura de propiedad de los bancos. Incluso con una supermayoría en el Parlamento, Orbán tuvo que esperar hasta 2013, hasta el final del mandato del gobernador en ejercicio, para poder nombrar a su aliado György Matolcsy en el banco central y que pudiera lograr plenamente sus metas políticas. Esto se debe a que los bancos centrales posteriores a la crisis se convirtieron en las instituciones clave no solo para la formulación de la política monetaria sino también para administrar las políticas relacionadas con el sector financiero en general. Si bien los bancos extranjeros sufrieron pérdidas debido a los impuestos especiales del gobierno de Orbán y otras medidas, mantuvieron su presencia en Hungría de acuerdo con su compromiso a largo plazo y su modelo de mercado de segunda residencia (Epstein 2014b). En los años posteriores a la crisis financiera, Hungría nacionalizó o tomó participaciones minoritarias en Granit Bank, Erste Bank y Széchényi Bank. A finales de 2017, el deseo de Orbán se hizo realidad y la mayoría de los activos en el mercado húngaro estaban controlados por propietarios nacionales.

Sin embargo, la historia de la adquisición nacional de MKB, filial del banco alemán Bayerische Landesbank, muestra que el proceso se vio empañado por el secreto, cambios de propiedad oscuros, incluidos los fondos públicos, y la violación de los requisitos de transparencia. En 2013, dos grandes bancos estaban a la venta en el mercado húngaro: MKB, que sufrió graves pérdidas financieras y experimentó una importante crisis de gestión (Király, 2016) y Budapest Bank, una filial de GE Capital (6). Ambos bancos estaban a la venta por motivos relacionados con la crisis financiera mundial. El Estado húngaro compró MKB, entonces el quinto banco comercial más grande de Hungría. Al legitimar la compra, el banco central húngaro sostuvo que representaba una “amenaza para la estabilidad financiera”, así como que el “banco no podía (no quería) hacer ninguna contribución al crecimiento de la economía”. MKB se compró en completo secreto a pesar de que la nacionalización involucró fondos públicos. Como segundo paso, el banco central húngaro y la autoridad supervisora, MNB (7), intervinieron a MKB citando las razones por las que el banco probablemente habría quebrado dentro de un año. El siguiente paso fue derivar los activos débiles a un banco malo, mientras que el banco bueno recibió transferencias estatales, lo que se considera ayuda estatal según la legislación de la UE. A estas alturas, las empresas bien conectadas podrían comprar algunas de las empresas de mejor calidad de MKB. La Comisión Europea lo consideró compatible con el mecanismo del mercado interno en diciembre de 2015. Los préstamos incobrables por valor de aproximadamente 213 mil millones de forintos húngaros se separaron de la cartera de MKB en 2014 (unos 910 millones de dólares de esa época). MKB Group generó una pérdida auditada de 76.4 mil millones de forintos húngaros en 2015 (unos 325 millones de dólares de esa época). Durante la privatización, es decir, la venta en el mercado de sus acciones [en 2016 –N. del T.], el mejor postor fue el sindicato de Blue Robin Investments SCA, el fondo METIS Private Equity y Pannónia Nyugdíjpénztár. El precio de compra fue de 37 mil millones de forintos húngaros, un precio que a muchos analistas les pareció sustancialmente más bajo que el valor neto del banco.

Según la prensa unos meses después, tras las transacciones de los fondos de inversión, los nuevos dueños domésticos son Lorinc Meszaros (un representante encubierto del propio Orbán), Tamas Szemerey (primo de Matolcsy) y Zsigmond Jarai (ministro de Hacienda del primer gobierno de Orbán). Una vez en el círculo de propiedad nacional de Orbán, MKB se convirtió en la fuente de financiamiento legal para proyectos que sirvieron para consolidar el dominio político del partido gobernante. Específicamente, los bancos controlados a nivel nacional son fuentes esenciales de crédito para ese tipo de inversión económica que respalda los propósitos políticos de Orbán. El ejemplo de la compra de TV2, un canal de televisión comercial, Index.hu, una revista basada en Internet, y la inversión en universidades privatizadas, son casos en que los inversores aliados de Orbán fueron fundamentales para dañar la libertad de prensa y expresión y la libertad de la academia, así como restringir la autoridad de los municipios controlados por el partido de oposición, entre otros. Finalmente, una lectura cuidadosa del caso también revela que la Comisión de la Unión Europea estuvo involucrada en este proceso y lo aprobó, es decir, ignoró las circunstancias sospechosas expuestas por periodistas investigativos.

4. Nacionalismo financiero y financiarización del Estado: el caso de la autonomía del banco central

En esta sección, investigo la desconfianza del nacionalismo financiero hacia la financiarización de las prácticas estatales. Para varios investigadores, la financiarización del Estado es el proceso de penetración de la lógica financiera en los dominios públicos, que obliga a quienes toman decisiones públicas a actuar como financistas privados en lugar de como una autoridad pública (Gabor & Ban, 2016; Kirkpatrick, 2016; Lagna, 2016; Trampusch y Fastenrath, 2019). Karwowski (2019) enfatiza que el proceso de financiarización del Estado tiene importantes consecuencias negativas para su capacidad de cumplir con sus deberes hacia sus ciudadanos y también es considerado menos responsable de sus acciones (Karwowski 2019: 1001). Karkowski examinó la financiarización del Estado en relación con las políticas fiscales y monetarias y presentó pruebas convincentes del afianzamiento de la lógica financiera en las prácticas de los gobiernos a nivel mundial. Otros han analizado el papel de la deuda internacional para inducir o imponer una lógica financiarizada en el comportamiento de las instituciones gubernamentales (Fastenrath, Schwan y Trampusch 2017). Pero la financiarización del Estado no se detiene al nivel de las organizaciones y políticas gubernamentales. Existe una creciente evidencia de que se están aplicando prácticas financiarizadas similares en las instituciones públicas encargadas de las prestaciones sociales y de bienestar, como la atención médica y la educación, los sistemas y fondos de pensiones (van der Zwan 2019), los impuestos y la recaudación de impuestos, las redes de infraestructura pública y los proveedores de servicios públicos, entre otros.

En esta sección, destaco la desconfianza de los gobiernos nacionalistas financieros hacia la autonomía del banco central. También se ha examinado a los bancos centrales como instituciones gubernamentales por su tendencia a seguir la lógica de los mercados financieros en detrimento de su mandato público. En particular, Gabor y Ban (2016) analizaron el comportamiento del Banco Central Europeo en los mercados de “repo” (8) durante el apogeo de la crisis de la deuda soberana para señalar la incongruencia de la valoración del BCE de los “activos seguros” con su mandato de servir como prestamista de última instancia para los Estados miembros. (Gabor y Ban 2016). La argumentación errónea del BCE, impulsada por la preocupación por la estabilidad de los mercados financieros, también estuvo detrás de su decisión de denegar la solicitud de los bancos centrales de Hungría, Polonia y Letonia de acuerdos de intercambio o “swaps” (9) de euros durante la crisis financiera (Piroska 2017). Otros argumentaron que no solo los bancos centrales en particular, sino que la práctica de la banca central en general también está en transformación y que la lógica de los mercados financieros es evidente en la interacción de los bancos centrales con los actores del mercado financiero (Braun 2020).

Los nacionalistas financieros desconfían de los banqueros centrales por su experiencia y puntos de vista neoliberales, así como por su inmersión en redes internacionales que los llevan a la “comunidad epistémica” de los banqueros centrales (Johnson y Barnes 2015). Por lo tanto, el banco central es una institución de control obligatorio para los nacionalistas financieros. La desconfianza de los nacionalistas financieros hacia la autonomía del banco central se deriva, por un lado, de la integración percibida del banco central en las redes internacionales de tecnócratas financieros que han podido ejercer control sobre una institución nacional (Johnson 2016). Por otro lado, los nacionalistas financieros, como muchos otros populistas, desconfían de los bancos centrales autónomos como desconfían de la experiencia y de los tecnócratas en general. La desconfianza de los nacionalistas financieros en la experiencia de los bancos centrales también se deriva del hecho de que los banqueros centrales tecnocráticos liberales desaprobarían con mayor frecuencia la política económica nacionalista financiera porque daña el principio de los mercados liberales. El control del banco central permite a los nacionalistas financieros aumentar el alcance de la política económica de su gobierno, es decir, participar en opciones de política económica que ningún tecnócrata económico liberal del banco central habría aprobado. Al igual que aumentar la propiedad de los bancos nacionales, controlar el banco central es una forma de que los países periféricos aumentan el margen de maniobra económico de sus gobiernos. Mientras que la propiedad de los bancos proporciona a los nacionalistas financieros los recursos financieros necesarios, un banco central controlado amplía sus opciones para la formulación de la política económica.

Una vez que tienen el control del banco central, los nacionalistas financieros que no respetan la experiencia y competencia liberal pueden efectuar un cambio formidable en la misión de la entidad. Esto se ilustra en el caso del banco central húngaro, que revisaremos más abajo. A continuación, revisaremos cómo se ha rediseñado la banca central bajo el control nacionalista financiero en el caso de Hungría.

Cuando György Matolcsy, ex ministro de economía del primer ministro húngaro Orbán, asumió el cargo en marzo de 2013, declaró que a partir de ahora el objetivo principal de la política monetaria era apoyar la política económica del gobierno (Dönmez y Zemadl 2018). Para definir la política monetaria nacionalista financiera, el banco central húngaro, MNB, se convirtió en un usuario muy activo de instrumentos macroprudenciales y los rediseñó para mitigar la vulnerabilidad externa del sector bancario al privilegiar el uso de la moneda nacional. Además, desde 2013, la conducta de MNB exhibió una ampliación sustancial de su misión. Sebők (2018) identificó seis campos de políticas: el MNB [1] se convirtió en la institución supervisora ​​del sector bancario después de una fusión con la Autoridad de Supervisión Bancaria en 2013; [2] asumió funciones de banca de desarrollo: siguiendo la iniciativa de Financiamiento para Préstamos del Banco de Inglaterra, el MNB diseñó un programa de crédito para pequeñas y medianas empresas con el fin de impulsar la inversión; [3] participó activamente en la reestructuración de los bancos comerciales como autoridad de resolución; [4] a través de su iniciativa de ‘autofinanciamiento’, redujo la dependencia de moneda extranjera del gobierno; [5] construyó una cartera inmobiliaria; y [6] creó nuevas fundaciones para la investigación a través de las cuales incursionó en la educación superior. La lista puede continuar para incluir un intento de lanzar un “sandbox regulatorio” (10) para facilitar la entrada de las empresas de tecnología financiera al mercado financiero y el nuevo interés del banco central en ecologizar las prácticas financieras y ayudar a facilitar el lanzamiento de bonos verdes. Como banco de desarrollo, el MNB ha ayudado con éxito a las pequeñas y medianas empresas durante los años posteriores a la crisis, cuando los bancos de propiedad extranjera no estaban dispuestos o no podían proporcionar crédito (Endresz, Harasztosi y Lieli 2015).

Sin embargo, las elecciones políticas poco ortodoxas también estuvieron acompañadas del autoengrandecimiento del gobernador del banco central y colocaron la corrupción en el centro de las tareas llevadas a cabo. Este es además el resultado del tipo de implementación de opciones políticas poco ortodoxas que socavaron sistemáticamente el escrutinio democrático, un proceso que detallaremos a continuación. Uno de los primeros y más importantes pasos en la dirección de la reducción del escrutinio público fue que implícitamente la rentabilidad de la operación del banco central fue declarada como un objetivo primario de la operación del banco y los instrumentos de política de los bancos y su calibración fueron subsecuentemente subordinados a este objetivo. Una vez que el banco central acumuló ganancias (en la magnitud de varios puntos porcentuales del PIB), el gobernador del banco central estuvo en condiciones de lanzar tales programas poco ortodoxos y excepcionalmente bien financiados. Sin embargo, el gasto de estos programas, aunque movilizaron fondos públicos en sumas antes inimaginables (debido a la independencia legal del banco central), no requirió un escrutinio parlamentario inmediato y el banco central rechazó sistemáticamente que los actores de la sociedad civil, partidos de oposición y otros fueran debidamente informados sobre el financiamiento. Asimismo, algunas de las políticas de financiación poco ortodoxas estaban relacionadas con acusaciones de corrupción formuladas por la prensa que supuestamente beneficiaban a actores empresariales políticamente conectados.

Para ver un ejemplo concreto de cómo la falta de supervisión democrática de un banco central financiero nacionalista le permite participar en una actividad socialmente dañina que enriquece a los aliados comerciales de Orbán, cabe destacar el caso de las fundaciones del MNB. Matolcsy, poco después de llegar al poder en 2013, estableció seis fundaciones (Pallas Athéné Alapítványok) para promover la educación del “pensamiento económico heterodoxo”, entre otros objetivos políticos. Las fundaciones establecieron programas educativos, becas, compraron edificios para estos fines y establecieron una nueva universidad económica en Kecskemét para promover la “economía no ortodoxa”. Aproximadamente un tercio de los fondos asignados a las seis fundaciones se destinó a estos fines. Sin embargo, las fundaciones también compraron propiedades de lujo, obras de arte, alfombras, un violín, encargaron pianos de diseñador, financiaron libros de y sobre Matolcsy y, en algunos casos, fueron víctimas de estafas descaradas, como proporcionar fondos a una “Universidad del Futuro” dirigida por “caballeros” en la pequeña ciudad de Sümeg. La mayoría de estas compras estaban relacionadas con patronazgos, carecían de transparencia y se llevaron a cabo al margen del debido proceso. También dieron como resultado que el MNB se convirtiera en un actor clave en el mercado inmobiliario de edificios de oficinas. Dos tercios de los fondos de la fundación se utilizaron para comprar bonos del gobierno en mercados secundarios. Aunque la primera de las fundaciones se estableció en 2013, solo en noviembre de 2015 las finanzas de estas fundaciones se hicieron de conocimiento público. Las cifras sorprendieron al público: las fundaciones controlaban 259 mil 600 millones de forintos húngaros (aproximadamente mil millones de dólares), casi el doble de la suma asignada para todo el presupuesto de educación superior de Hungría (137 mil millones de forintos húngaros en 2016), o cerca de todo el presupuesto de defensa de Hungría (299 mil millones de forintos húngaros en 2016).

La autonomía del banco central fue luego utilizada por el MNB y su nacionalismo financiero como escudo no para protegerse del gobierno sino del escrutinio de la sociedad civil y de la investigación de otras instituciones independientes como la Academia de Ciencias de Hungría (Laki 2015). Durante dos años, el MNB se negó a hacer públicos los balances de las fundaciones alegando en las audiencias parlamentarias que los fondos de los contribuyentes habían perdido su carácter público. Esto resultó en un escándalo público: “perdió su carácter de fondo público” se ha convertido rápidamente en un eslogan coreado por fanáticos del fútbol, ​​periodistas y líderes de la oposición en referencia a la corrupción relacionada con Fidesz.

Lo que también es característico del nacionalismo financiero dentro de la UE es el hecho de que surgió bajo la supervisión de varias instituciones europeas. Dada la enormidad de las sumas gastadas en las fundaciones, la participación de los actores de la UE fue comparativamente modesta en la campaña para hacer cumplir la transparencia. El mandato del BCE de revisar la conducta de los bancos centrales de Hungría se deriva del Protocolo (nº 4) sobre el estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). En el caso del MNB, parece que el BCE prefiere una interpretación muy restringida de su mandato para garantizar la estabilidad de precios. Solo evaluó las operaciones de las fundaciones desde la perspectiva de su cumplimiento de la prohibición de financiamiento monetario. Aquí, el BCE encontró una violación de los requisitos de la UE y exigió la redirección de las inversiones de la fundación de los bonos del gobierno. Este es un enfoque muy limitado cuando se considera el alcance excepcionalmente amplio de las actividades de las fundaciones. Además, solo dos años después de su creación en 2015, el Informe Anual del BCE menciona esta cuestión. Debido a que el anuncio se hace en el Informe Anual del BCE, no tiene consecuencias legales para los estados miembros de la UE, y el BCE permaneció satisfecho con solo recurrir a la persuasión moral.

En efecto, el BCE se olvidó de investigar estos problemas más a fondo y los cargos de corrupción en conjunto. A diferencia de la era anterior a Matolcsy, cuando el BCE inició un procedimiento de infracción en respuesta a la reescritura de la ley del banco central, esta vez no se exigieron cambios legales. El hecho de que el MNB cumpliera con los requisitos legales mínimos, al tiempo que socavaba la autonomía del Banco Central a través de fundaciones no transparentes y potencialmente corruptas, fue suficiente para convencer al BCE, tanto legal como políticamente, de que no había necesidad de intervención. Ni siquiera la demanda explícita de más investigación por parte de los miembros del Parlamento Europeo húngaro y alemán cambió la posición del BCE.

En 2016, Eurostat, la oficina de estadística de la UE, examinó los fundamentos financieros de MNB y anunció que: “Eurostat está discutiendo con las autoridades estadísticas húngaras el posible cambio de ruta de las operaciones llevadas a cabo por el Banco Nacional de Hungría, que se considera que se llevan a cabo en nombre del gobierno”. Esto implicó de manera más explícita una investigación sobre la posibilidad de que la educación impartida por el banco central sea una función del gobierno; por lo tanto, su costo debería figurar en el presupuesto del gobierno. Esto podría haber sido un problema que el BCE pudo considerar porque es una forma de financiación gubernamental prohibida. La táctica de seguimiento de los organismos húngaros por parte del BCE, los Eurodiputados y Eurostat fue eficaz en la medida en que las fundaciones comenzaron a reducir su participación de capital en los bonos del gobierno húngaro y publicaron informes comerciales anualmente. Aunque las seis fundaciones se fusionaron en una, no se produjeron cambios importantes en sus operaciones. Como tal, la satisfacción de los actores de la UE con las soluciones técnicas condujo efectivamente al cumplimiento cosmético, aunque se aceptaron, no obstante, revisiones fundamentales de los objetivos, la estructura y la relación de MNB con el gobierno.

5. El nacionalismo financiero refuerza la “financiarización de las relaciones sociales”: reducción del crédito oficial y expansión del crédito no oficial

También se examina el nacionalismo financiero por su capacidad para frenar la financiarización de las relaciones sociales entendidas de manera más amplia, como la excesiva exposición hipotecaria de los hogares y la naturalización de la deuda del consumidor (Bohle, 2014; Pellandini-Simányi y Vargha, 2019). Los académicos que trabajan en el campo de la financiarización de la vida cotidiana señalan que el encuentro diario con productos financieros, sistemas de calificación crediticia y nuevos discursos políticos y mediáticos que promueven un espíritu empresarial financiero llevaron a la penetración de la lógica financiera en ámbitos cotidianos que alguna vez fueron libres del cálculo financiero (Pellandini-Simányi et al. 2015). Estos enfoques culturales se preocupan por el ascenso del ciudadano como inversor (van der Zwan 2014). Argumentan que la penetración de las finanzas en las prácticas cotidianas es posible a través de narrativas y discursos específicos que enfatizan la responsabilidad individual con respecto a la toma de riesgos, promueven una evaluación calculadora en la gestión financiera y tienen consecuencias potencialmente dañinas, especialmente para los pobres.

Con respecto a los gobiernos nacionalistas financieros, se ha argumentado que están interesados ​​en reducir el nivel de endeudamiento de los ciudadanos vulnerables. En Hungría, una intervención financiera nacionalista en la deuda de los hogares fue provocada por la inestabilidad de los altos niveles de endeudamiento, la volatilidad de los pagos a plazo causada por la denominación en moneda extranjera de estas deudas y la codicia de los bancos extranjeros por imponer estas vulnerabilidades a ciudadanos desinformados. Este argumento fue presentado de manera más prominente por Bohle en 2014 con respecto al acuerdo de canje forzoso de los bancos que fue diseñado para hacerlos asumir pérdidas mediante la conversión de préstamos denominados en moneda extranjera a préstamos denominados en forintos húngaros, lo que protegió a los hogares endeudados del riesgo de tipo de cambio (Bohle 2014). Además, el banco central húngaro introdujo una serie de medidas de tope, como los límites de préstamo sobre valor y de deuda sobre ingresos, que impiden efectivamente que los consumidores con ingresos insuficientes asuman una deuda excesiva al comprar viviendas (Piroska et al. 2020). Como tal, la política macroprudencial, de la mano del banco central nacionalista financiero, se convirtió efectivamente en una herramienta de reducción de la financiarización de la vida cotidiana. La relación entre la deuda de los hogares y el PIB ha disminuido en Hungría desde 2010, mientras que no se observa la misma tendencia en los vecinos de la región.

Si bien esta observación es válida con respecto a la clase media húngara, también debe tenerse en cuenta que para las clases sociales más bajas, la intervención nacionalista financiera no presentó ningún alivio significativo de la deuda (Makszin y Bohle 2020; Kiraly 2020). De manera más general, se argumenta aquí que los nacionalistas financieros no están interesados ​​en proteger a los ciudadanos más vulnerables de las consecuencias negativas de lo que la penetración de las finanzas puede representar en su vida diaria. Es cierto que la reestructuración de las asignaciones familiares y la política social conservadora de los derechos laborales han dado lugar a un aumento general del gasto social en las familias de Hungría desde 2010 (Szikra 2014). Sin embargo, este aumento benefició principalmente a las familias más acomodadas (Szikra 2014). Por lo tanto, las familias pobres en Hungría desde 2010 están sustituyendo cada vez más la asignación familiar perdida con fuentes monetarias de préstamos informales que exacerban la desigualdad social a través de la creación de jerarquías dentro de las comunidades rurales (Drust 2015, 2016).

Además, la financiarización de la vida cotidiana de los húngaros más pobres va de la mano con el establecimiento de jerarquías que, por un lado, mantienen la dependencia basada en la deuda de los ciudadanos vulnerables y, por otro lado, limitan la democracia a nivel local. Para apreciar esto último, considérese la ejecución del programa de obras públicas, que ha alcanzado a alrededor de 230 mil personas o el 4,9 por ciento de los ocupados en 2017. En muchos pueblos privados de ingresos sociales, el alcalde, al estar a cargo del empleo público, asigna trabajo a quienes juzga como “merecedores”. Al mismo tiempo, según la investigación de Drust (2016) y también de Berlinger et al. (2020), el alcalde trabaja en estrecha alianza con prestamistas informales, siendo la mayoría de las veces el principal prestamista del pueblo. Por lo tanto, las estructuras superpuestas de préstamos de dinero informales y privilegios políticos refuerzan las jerarquías sociales dentro de los pueblos y disminuyen las opciones políticas de los ciudadanos dependientes de la deuda en las elecciones a la alcaldía.

Asimismo, la financiarización sostenida de la vida cotidiana de los pobres se está produciendo en medio de un recorte masivo de las instituciones democráticas a nivel local. Jakli y Stenberg (2021), en su artículo titulado “Iliberalismo cotidiano”, argumentan que el gobierno de Orbán erigió numerosas barreras institucionales que restringen una oposición política viable a nivel local al limitar las oportunidades de impugnación política y reducir la supervisión política de la coalición gobernante (Jakli y Stenberg 2021). También mirando la política a nivel municipal, Mares y Young documentan cuatro tipos de clientelismo que fortalecen aún más a Fidesz: compra de votos, la provisión de beneficios públicos a cambio de votos, coerción mediante la amenaza de eliminación de beneficios y coerción económica que involucra amenazas de actores no estatales, como prestamistas y empleadores (Mares y Young 2019).

Así, mientras el gobierno nacionalista financiero redujo la dependencia de la deuda de la clase media, construyó y mantuvo una relación financiarizada en las clases bajas que en el marco de la erosión de las instituciones democráticas apoya su éxito electoral continuo en un contexto de elecciones no tan libres y ciertamente no justas.

6. Conclusiones

Este trabajo destacó que los muchos triunfos inesperados del nacionalismo financiero a la luz de las teorías del poder financiero posteriores a la crisis deben evaluarse junto con su impacto sobre la calidad de las instituciones democráticas. Para los países periféricos, el nacionalismo financiero, en principio, ofrece un conjunto de opciones de políticas constructivas para perseguir un desarrollo económico que favorezca a los consumidores y empresas locales y la opción de romper con el dogma neoliberal de los mercados liberales eficientes. La crisis financiera generó cambios estructurales e ideológicos como el debilitamiento de los balances de los bancos, el giro regulatorio macroprudencial (Baker 2013), la necesidad de inversión de las pymes, ahora permite a los gobiernos contrarrestar el poder de las finanzas y volver a legitimar políticas olvidadas hace mucho tiempo. Aunque el nacionalismo financiero es más visible en la periferia, también vemos tendencias similares en el centro. En Europa, el surgimiento del Estado inversor oculto (Mertens y Thiemann 2018), la reinvención de la banca de desarrollo (Mertens et al. 2021) y un renovado interés político en las empresas y los bancos de propiedad pública lo atestiguan. A nivel mundial, el creciente activismo del Estado en la economía, la creciente importancia de los fondos soberanos en Rusia y la reactivación de la política industrial en Estados Unidos como instrumento para mitigar la crisis de COVID-19 apuntan en la misma dirección.

El nacionalismo financiero en Hungría, sin embargo, es un testimonio contemporáneo de los hallazgos de la generación anterior de estudiosos del desarrollo, de que las políticas nacionalistas financieras son a menudo corolario de políticas autoritarias (Gerschenkron 1962; Haggard et al. 1993; Wade 1990). La diferencia es que mientras que en las décadas de 1960 y 1970 los líderes autoritarios implementaron políticas nacionalistas financieras para fortalecer su gobierno, esta vez, las políticas nacionalistas financieras socavan los arreglos políticos existentes. Hoy en día, la implementación de políticas similares en democracias más o menos funcionales puede debilitar las instituciones democráticas y, por lo tanto, permitir y solidificar el gobierno de líderes autoritarios. Los académicos de EPI, al estudiar el surgimiento de las muchas formas nuevas en que las políticas financieras nacionalistas buscan distribuir los beneficios de las transacciones financieras de manera más equitativa entre los actores sociales, también deben examinar el impacto de estas políticas en los contextos políticos en los que se conciben e implementan.

(Traducción de Gonzalo Soaje, gonzalosoaje@ignaciocarreraediciones.cl)

Notas del traductor

(1) Una empresa fintech, o financial technology, es una empresa que ofrece productos y servicios financieros mediante tecnologías de información, tales como sistemas de pagos móviles o crowdfunding (financiamiento colectivo).

(2) La flotación sucia es un sistema donde el gobierno interviene a través de la autoridad monetaria o el banco central para manejar el precio de la moneda local.

(3) La política macroprudencial busca la estabilidad financiera mediante la prevención y mitigación de riesgos de carácter sistémico, con el fin que el sistema financiero efectúe una contribución sostenible al crecimiento económico.

(4) La financiarización describe el proceso por el que los intermediarios financieros y las tecnologías han adquirido una influencia sin precedentes en el funcionamiento de las economías nacionales e internacionales. Se trata de una expansión de los mercados financieros que no solo se expresa en el volumen de transacciones financieras, sino en su interconexión con otros ámbitos de la economía y la sociedad.

(5) La unión bancaria en la Unión Europea Se creó en 2012 como respuesta a la crisis financiera de 2008 y la subsiguiente deuda pública en la Eurozona. La deuda privada generada por el boom inmobiliario se transformó en deuda pública debido al rescate del sistema financiero efectuado por los distintos países europeos. Ello generó una desaceleración económica, círculo vicioso que la unión bancaria se propuso romper y evitar a futuro.

(6) División de servicios financieros del conglomerado estadounidense General Electric.

(7) Magyar Nemzeti Bank, el banco central húngaro.

(8) Las operaciones de “repo” o recompra son empleadas por bancos y grandes compañías para obtener liquidez a plazos cortos. Los grandes actores del sistema financiero suelen recurrir al mercado de recompra o “repo” para pedir dinero prestado con el que garantizar que sus libros de contabilidad estén en orden. A menudo, el prestatario ofrece respaldar la deuda con activos de alta calidad como, por ejemplo, los bonos de gobierno, que suelen ser garantes de liquidez y seguridad. A cambio de recibir el préstamo, el prestatario entrega un activo que más tarde recompra pagando un interés, lo que da el nombre a este tipo de operación.

(9) Un swap de divisas es un contrato financiero en el que las partes intercambian la suma principal de un préstamo en una divisa y los intereses correspondientes a cambio de una suma que corresponde a los intereses aplicables en la segunda divisa.

(10) La palabra sandbox (caja de arena) se utiliza para describir un entorno de pruebas seguro. El sandbox regulatorio otorga exenciones regulatorias a una empresa o industria para que pueda probar nuevos productos, servicios o modelos de negocio.

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